Recomendaciones

A partir de mayo de 2011, a través del análisis de los procesos de comunicación  pública de la violencia, el Observatorio ha formulado recomendaciones tanto a las autoridades como a los medios de comunicación, cuya finalidad es generar un catálogo de buenas prácticas.

A continuación se presenta una recopilación de las recomendaciones emitidas en los 7 informes publicados a la fecha.

Recomendaciones a los medios de comunicación

1. Hacer públicos sus criterios editoriales, especialmente los que se refieran a la cobertura informativa de la violencia.

2. Establecer a los ataques contra la prensa como una prioridad en la agenda informativa. Dar seguimiento a los casos de agresiones contra medios y periodistas. Asimismo, continuar desarrollando otros mecanismos de coordinación y solidaridad entre medios de comunicación.

3. Registrar los hechos del narcotráfico y la delincuencia organizada en toda su complejidad, incluyendo orígenes y consecuencias en los diferentes ámbitos, y no centrarse únicamente en la información inmediata relacionada con la violencia.

4. Contribuir en la construcción de una opinión pública informada y crítica, a través del adecuado tratamiento de la información sobre procesos judiciales.

5. Evitar difundir imágenes y símbolos utilizados por la delincuencia organizada para transmitir sus mensajes, o difundir el miedo, tales como fotografías de cuerpos desmembrados, con personas decapitadas o cuerpos con señales de tortura, es decir, todo tipo de mensaje emanado de los criminales.

6. Evitar utilizar el léxico o jerga empleado por los delincuentes tales como: “levantón”, “plaza”, “sicario”, “narcofosa”, “narcomanta” (en general, prefijos “narco”) “encobijado”, “capo”, “pase”, “comando armado”, ya que reafirma el imaginario social impuesto por la delincuencia y limita las explicaciones de las causales de la violencia.

7. Proteger la identidad de las víctimas de violencia emanada de la delincuencia organizada. Emplear recursos técnicos para la publicación de imágenes que permitan proteger la intimidad y dignidad de las víctimas de violencia y sus familiares.

8. Hacer una reflexión y ponderación sobre qué tipo de notas deben firmarse en aras de garantizar la mayor protección a sus periodistas.

9. Reconocer que las coberturas en vivo representan las de mayor riesgo en términos de pérdida de control de la agenda (que puede ser tomado por grupos delictivos). Por ello, se deben establecer protocolos sobre el manejo de la información en caso de situaciones como toma de rehenes, atentados, etc.

10. Procesar y difundir la información de las fuentes gubernamentales de manera crítica y reflexiva en el sentido de contrastar las fuentes y verificar los hechos.

11. En el tratamiento de información proveniente de fuentes dudosas o anónimas, verificar los hechos. El Observatorio recomienda contrastar la información y ser transparentes en cuanto a las fuentes y la motivación de presentar determinada información.

12. Difundir estrategias alternativas para enfrentar al narcotráfico. Abrir los medios al debate debe ser un compromiso con las miles de víctimas que ha dejado la violencia emanada del crimen organizado.

13. Construir la noticia de forma que permita a las audiencias dimensionar los hechos. No magnificar o distorsionar lo acontecido a través de narrativas subjetivas, imágenes y música. Al tratar los temas de violencia, el objetivo debe ser informar no entretener, dirigirse a la razón y no a los sentimientos de las audiencias.

14. Abstenerse de difundir información contenida en averiguaciones previas dentro de una investigación penal. En el caso de que otros medios difundan datos, exigir a las autoridades confirmar o desmentir la información que supuestamente se filtró desde la dependencia.

15. No publicar la identidad de testigos protegidos, ello no sólo pone en riesgo el proceso judicial,  sino también la vida del testigo colaborador.

16. Evitar la difusión de testimonios o confesiones de personas involucradas en hechos de violencia que atenten contra la dignidad de las víctimas o contribuyan a su doble victimización.

17. Cuando se difunda información relacionada con un proceso judicial,  señalar la etapa en que éste se encuentra. Los tiempos mediáticos no se corresponden con los tiempos judiciales,  no todo avance investigativo es una sentencia que cierre el caso.

18. Realizar más y mejores investigaciones en torno a los abusos de los cuerpos de seguridad en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

19. Utilizar en mayor medida las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental para el desarrollo de las investigaciones periodísticas.

20. Dar continuidad a los casos de violencia a través de investigaciones periodísticas,  ello debe ser un imperativo ético frente a las víctimas, con miras a combatir la impunidad.

21. Evitar cualquier tipo de prejuicio moral en la aproximación al tema del crimen organizado y la violencia. No incurrir en descripciones que se alejan de los hechos a partir de narrativas decisionistas que presentan a los actores en términos de “buenos” y “malos”.

22. Evitar la reproducción de especulaciones relativas a que las víctimas de violencia están involucradas en  el crimen organizado. En ese sentido, se propone, por ejemplo, evitar el uso generalizado de la palabra “ejecución”.

23. Respetar la presunción de inocencia a través del manejo de la información, las imágenes  y el lenguaje. Toda persona  acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todos sus derechos.

24. Ante una detención, utilizar formulaciones tales como “a quien se acusa de”, “a quien la autoridades atribuyen la comisión de”, “a quien la autoridad señala como presunto…” Asimismo, se debe evitar utilizar términos propios de la jerarquía o división de labores de la delincuencia organizada tales como “sicario”,  “jefe de plaza” cuando no ha habido una sentencia por parte del sistema de justicia que establezca al sujeto como tal.

25. Evitar reproducir imágenes difundidas por la autoridad que violenten la presunción de inocencia. En el caso de hacerlo, se propone reforzar la protección de este derecho a través del lenguaje.

26. Cuando se cubran detenciones, no sólo comunicar la detención, sino continuar informando el desarrollo del proceso judicial hasta la sentencia. La cobertura no debe agotarse en la captura.

27. Evitar la difusión del nombre, imagen y otra información concerniente a la vida privada  de las personas detenidas.

28. En su caso, utilizar recursos técnicos que permitan resguardar la identidad de las personas detenidas, como podría ser difuminar el rostro. Difundir el modus operandi y zona de operación de la persona acusada de delito.

29. En casos de transmisiones en vivo, en las que resulta complicado hacer uso de los recursos mencionados, se sugiere a los medios mantener el control de la transmisión y evitar el uso de planos cerrados que permitan la plena identificación de la persona detenida.

30. Reflexionar en torno a las posibles repercusiones de difundir información en casos de secuestro o desaparición de una persona, en particular, resulta conveniente analizar si la difusión de cierta  información puede poner en peligro la vida o seguridad de la víctima. En este escenario, se recomienda establecer contacto con los familiares o personas allegadas a la víctima y analizar la conveniencia de difundir la información, así como su relevancia desde la perspectiva del interés público.

31. Ante rumores que generan pánico social, construir noticias a partir de información verificada que brinden certezas sobre los acontecimientos.

32. Difundir información respecto a las instancias a las cuales el público puede acudir para presentar denuncias, quejas u obtener asesoría o acompañamiento en caso de haber sido víctima de un delito.

33. Mantener la publicación de información relacionada con la violencia asociada con delitos de delincuencia organizada, acorde con su impacto social, en un contexto que permita a las audiencias la comprensión del fenómeno y la atención por parte del Estado. La no publicación de notas sobre el tema abona a la impunidad pero no desaparece la violencia.

34. A los medios del Distrito Federal o con influencia nacional, replantear los criterios que determinan cuándo los hechos de violencia deben trascender el ámbito informativo local para ocupar un lugar en sus agendas, conforme a su relevancia e interés público.

35. Dar seguimiento periodístico con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, el castigo a los perpetradores y la responsabilidad del Estado para lograrlo. El cambio de titulares de la administración pública no exime de responsabilidad a las instituciones.

36. Evitar dar difusión a la exhibición de personas detenidas por las autoridades preventivas y ministeriales (antes de que un juez dicte auto de formal prisión o de vinculación a proceso), práctica que convierte a los medios de comunicación en agente activo en la comisión de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.

Recomendaciones a las fuentes gubernamentales

1. Desarrollar una política de comunicación social que brinde a la sociedad información de calidad de manera constante, oportuna y transparente respecto a las acciones que se implementan en materia de prevención y combate al delito, con miras a favorecer espacios para la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

2. No diseñar estrategias de comunicación social con un lenguaje verbal y de imágenes que viole el derecho de presunción de inocencia.

3. Eliminar la práctica sistemática de exhibir ante los medios de comunicación a personas detenidas.

4. Elaborar un protocolo de comunicación social mínimo que defina las reglas de cuando  -por excepción y sólo por interés público- se exhibirá a un acusado y/o arraigado ante los medios, ciñéndose al respeto  del derecho a la personalidad, a la propia imagen, a la privacidad y a la presunción de inocencia.

5. No impulsar juicios paralelos que busquen minimizar la gravedad de un delito frente a la opinión pública, al señalar de manera inmediata y sin pruebas contundentes que la causa de que ciertas personas hayan sido víctimas de violencia es su relación con el crimen organizado.

6. Abstenerse de filtrar a los medios de comunicación información contenida en averiguaciones previas dentro de una investigación penal; ello es ilegal y  puede vulnerar derechos como la presunción de inocencia, la propia imagen, la intimidad y el honor.

7. Evitar la difusión de testimonios o confesiones de personas involucradas en hechos de violencia que atenten contra la dignidad de las víctimas o contribuyan a su doble victimización.

8. Evitar la difusión de la identidad de testigos protegidos, ello no sólo pone en riesgo el proceso judicial,  sino también la vida del testigo colaborador.

9. Difundir  información respecto a cada actualización de las etapas de la investigación y/o proceso jurisdiccional que  involucran a un particular, así como rectificar y borrar posteriormente  la información en que se haya cometido un error en perjuicio de un particular.

10. No enviar mensajes donde se plasme una concepción de justicia penal diferente a la establecida en la Constitución. La cual en términos muy generales abarca, por una parte, la acusación del Estado en contra de un individuo o grupo de individuos y luego un proceso judicial que determinará la responsabilidad de éstos. La justicia penal constitucional no se agota con la mera acusación y aprehensión.

11. No otorgarle a las personas acusadas de delitos relacionados con el crimen organizado, y muchos menos si éstas son confesas, la calidad de fuente informativa.

12. No utilizar el lenguaje del crimen organizado para evitar la reproducción de su imaginario y valores. El uso de este lenguaje limita las explicaciones de las causales de los hechos de violencia.

13. No enviar mensajes que sean contrarios a la idea del Estado como único impartidor legítimo de justicia.

14. No convertirse en caja de resonancia de los mensajes del crimen organizado a través de su difusión a los medios de comunicación.

15. Proteger, de acuerdo a los más altos estándares, los derechos a la honra y la reputación sin distinciones en los procesos judiciales seguidos en contra de elementos civiles o militares.

16. Facilitar el acceso a información a las y los periodistas para verificar datos y hechos noticiosos. Se reprueba los actos de autoridad encaminados a obstaculizar el flujo de información en torno a los hechos de violencia en el país.

17. Manejar las redes sociales de manera responsable y reflexiva.

18. Contar con protocolos  de comunicación para el manejo de crisis o ante eventualidades que requieran una rápida comunicación a los medios y la ciudadanía.

19. Transparentar su política de comunicación social en materia de seguridad y justicia. El objetivo de dicha política debe ser mantener un flujo informativo que permita a la sociedad conocer los hechos relacionados con los delitos de delincuencia organizada en toda su complejidad, en su adecuada dimensión, de manera oportuna.

20. Homologar los criterios de comunicación social sobre seguridad y justicia entre los diferentes órdenes de gobierno, conforme a los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos y rendición de cuentas.

21. Al Poder Judicial,  informar sistemáticamente el inicio de procesos penales -a partir de la etapa del auto de formal prisión o de vinculación a proceso- así como de las resoluciones de los jueces penales.