Acuerdo

El Acuerdo propone criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada no sirva para propagar terror entre la población y, establecer mecanismos para la protección de los periodistas y de la identidad de las víctimas de esta violencia.

El Acuerdo propone criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada no sirva para propagar terror entre la población y, establecer mecanismos para la protección de los periodistas y de la identidad de las víctimas de esta violencia.

El punto de partida

México vive una situación sin precedentes por los niveles y las formas que  ha adoptado la violencia que proviene de la delincuencia organizada. Esta  situación ha puesto a prueba la capacidad del Estado para combatir a los  grupos que han hecho del terror su modo de operar. El poder intimidatorio y  corruptor criminal se ha convertido en una amenaza a las instituciones y  prácticas que sustentan nuestra vida democrática.

Asimismo, la delincuencia organizada, y el terror que ha logrado propagar, amenaza ya en algunos lugares del país las libertades fundamentales de la  sociedad. La posibilidad de expresarse, de reunirse o de transitar libremente está muy limitada en localidades importantes del país.

Los medios no somos ajenos a esta situación. Según los organismos  internacionales más importantes en la materia, México es uno de los países  más riesgosos para ejercer el periodismo y la libertad de prensa por la  presión de la delincuencia organizada. El reto que hoy enfrentamos desde  los medios es seguir informando a la sociedad en un contexto de alto  riesgo. Para lograrlo, necesitamos de una estrategia que permita a los  informadores continuar con su trabajo y no dejar que el terror vaya  cancelando plazas informativas. Hoy, la libertad de expresión está amenazada.

La responsabilidad del combate a la delincuencia organizada recae en los  órganos de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano. Puede y debe  debatirse si la forma en que el gobierno ha decidido combatir al crimen organizado es la adecuada. Pero ese debate tiene que partir del reconocimiento de la obligación constitucional que tiene el gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley.

Los medios tenemos la responsabilidad de actuar con profesionalismo y de  cuestionarnos sobre las implicaciones potenciales que tiene el manejo de la  información. Por ello, todas las noticias que involucran a las organizaciones criminales deben apegarse fielmente a los hechos, al tiempo que provean elementos contextuales suficientes para su adecuada comprensión.

Tratándose de estas noticias, los periodistas y sus casas editoriales  debemos estar conscientes de que los hechos pueden tener como fin primordial convertirnos en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.

Uno de los retos centrales que tenemos los medios en este tipo de coberturas es cómo consignar hechos con valor periodístico y a la vez limitar los efectos estrictamente propagandísticos de los mismos. Este no es un reto exclusivo de nuestro país; todos los países en los que hay grupos que usan tácticas terroristas lo enfrentan y en muchos de ellos han definido principios y criterios editoriales. En unos casos, esos principios y criterios han sido adoptados por cada medio en particular, mientras que en otros se han establecido acuerdos que involucran a varios medios.

En México, muchos medios hemos ido definiendo criterios para cubrir adecuadamente este fenómeno, al tiempo que hemos tomado medidas para salvaguardar la seguridad personal de nuestros periodistas.

Recientemente se ha iniciado un intercambio de puntos de vista entre varios medios para compartir experiencias en este tema. En situaciones de crisis también se han dado muestras de solidaridad y se han tomado decisiones de apoyo a favor de quienes lo han necesitado. Sin embargo, estos intercambios no han desembocado todavía en acuerdos formales que den mayor orientación y protección a un número amplio de medios.

El presente Acuerdo responde a esa situación. Sin libertad de expresión no hay democracia. Se trata de un ejercicio que retoma las experiencias que han vivido otras democracias desde el primer cuarto del siglo pasado.

Quienes lo suscribimos nos planteamos los objetivos y asumimos los principios rectores y los criterios editoriales que a continuación se enlistan.

Los objetivos del Acuerdo

  • Proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines.
  • Establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.
  • Definir criterios para la protección de la identidad de las víctimas de la violencia generada por la delincuencia organizada.
  • Establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo.
  • Promover el respeto a la legalidad, el combate a la impunidad y la participación ciudadana.
  • Sumar al más amplio número de medios al Acuerdo y, de manera especial, a aquellos que se encuentran en las zonas de mayor conflicto.
  • Crear mecanismos de seguimiento del Acuerdo que permitan conocer el grado de apego al mismo.

Los principios rectores del Acuerdo

  • El respeto a las libertades de expresión y de prensa.
  • La independencia editorial de cada medio de comunicación.
  • La obligación de los medios para informar con profesionalismo.
  • La responsabilidad social de los medios sobre lo que informan.

Los criterios editoriales del Acuerdo

1) Tomar postura en contra.

Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada, enfatizar en el impacto negativo que tiene en la población y fomentar la conciencia social en contra de la violencia. Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo.

2) No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada.

En la cobertura del crimen organizado y sus estrategias de terror, los medios debemos:

  • Evitar el lenguaje y la terminología empleada por los delincuentes.
  • Abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales en contra de la delincuencia organizada.
  • Impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos, pues esto les ayuda a construir una imagen favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser imitados.
  • Omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos. No convertirse en instrumentos o en parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia.

3) Dimensionar adecuadamente la información.

Presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida. Explicar cuál es el tamaño y la situación real del problema, cómo afecta a la sociedad y cómo se compara con lo que ocurre o ha ocurrido en otras regiones y países.

Mostrar la información según su importancia. Para ello, los medios debemos establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a la delincuencia organizada.

Establecer criterios precisos para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo que definan, entre otras cosas, cuándo y cómo se deben publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces.

Siempre se debe advertir al público sobre la difusión de imágenes explícitas.

4) Atribuir responsabilidades explícitamente.

La información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia. En caso de que alguna acción del Estado en el combate a la delincuencia organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá que consignarla. Una de las funciones de los medios es consignar y denunciar el ejercicio indebido del poder. Y cuando la acción del gobierno involucra el uso de la fuerza pública, esta función es aún más esencial. Por otra parte, cuando la acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar claro que la violencia es producto de los grupos criminales.

5) No prejuzgar culpables.

Las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia en la lucha contra el crimen organizado presentando ante los medios a detenidos en condiciones que cancelan su presunción de inocencia. Los medios debemos manejar siempre este tipo de información bajo el supuesto de que los involucrados son inocentes en tanto no cuenten con una sentencia condenatoria o estén confesos. Asimismo, los medios exigiremos información oportuna y veraz sobre las detenciones y, en general, sobre la actuación del gobierno en sus acciones e investigaciones sobre la delincuencia organizada.

6) Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.

La información que los medios presentemos debe respetar los derechos de las víctimas y de los menores de edad involucrados en hechos de violencia.

Nunca debe darse información que ponga en riesgo su identidad.

7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana.

Los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del delito y reducción de la violencia. Esto, por supuesto, sin ponerse en riesgo frente a los criminales.

8) Proteger a los periodistas.

Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la delincuencia organizada, como lo son no firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas.

9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.

En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y acciones de la delincuencia organizada para influir en su línea editorial y contenido informativo, los demás medios debemos solidarizarnos en contra de estas presiones, pero en los términos que mejor le convengan al reportero o al medio afectado.

10) No interferir en el combate a la delincuencia.

Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus familias.

Lo anterior no implica que los medios dejemos de dar seguimiento al tema. Tampoco que renunciemos a nuestra responsabilidad de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra la delincuencia organizada. Nuestros espacios seguirán abiertos a la crítica de las estrategias gubernamentales en ésta, o en otras áreas de gobierno.

Seguimiento y apego al Acuerdo

Cada medio definirá sus propios procedimientos para verificar el cumplimiento del Acuerdo. Además, los medios en su conjunto alentaremos la creación de un órgano ciudadano de observación que lleve a cabo reportes periódicos sobre el apego de los medios a los criterios editoriales del Acuerdo. Trabajaremos para poder anunciar en un plazo máximo de 30 días la integración del órgano ciudadano y su forma de operar.

Respaldo social

Las organizaciones sociales, las instituciones privadas y académicas, y los individuos que suscribimos este Acuerdo, lo hacemos en apoyo a una iniciativa de los medios que valoramos y reconocemos como esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada.

Todos nosotros estamos conscientes de la obligación que tienen los órganos del Estado para combatir frontalmente a los grupos delincuenciales. Esta es una obligación constitucional y legal que no puede ni debe estar sujeta a compromisos o negociaciones. Por ello, esperamos que todos los actores políticos la reconozcan como tal y asuman el compromiso de no claudicar en su cumplimiento.

En el ámbito de responsabilidades cívicas y sociales que corresponde a cada uno de nosotros, expresamos nuestra determinación a emprender todas aquellas acciones que contribuyan a la consolidación del Estado de derecho, sabedores de que sólo en el marco de este Estado es posible la vida democrática y el goce pleno de las libertades fundamentales que consagra nuestra Constitución.